Por un Tayrona libre

Por: Víctor Solano

Con las recientes declaraciones del presidente Juan Manuel Santos el pasado sábado en Pereira, en la que se mostraba complacido por el interés de un grupo hotelero en construir un proyecto en la a zona del Tayrona (Magdalena) se ha gestado un renovado interés por defender el patrimonio colectivo.

Las preocupaciones no son triviales. Preocupa por una parte que exista la posibilidad de construir el complejo cuando es claro que la zona para ese potencial proyecto –y así lo confirmó el ministro de Ambiente, Frank Pearl– está dentro de las zonas de reserva del Parque Nacional Natural Tayrona.

El sistema de parques tiene 56 zonas y son casi el 12 por ciento del territorio colombiano. Aparentemente mucho, pero hay que tener en cuenta que han sido numerosos los episodios en que las zonas son vulneradas y continuamente la frontera agrícola se corre clandestinamente hacia dentro de los parques. En otras palabras, agricultores particulares (y no necesariamente pequeños minifundios) siembran sus productos dentro de los parques o llevan a sus ganados a pastar en las los páramos, muchas veces destruyendo frailejones y otras especies que llevan cientos de años creciendo con la paciencia del tiempo.

En el caso del Tayrona, los visitantes pueden disfrutar ecosistemas que van desde el matorral espinoso, hasta los bosques nublados húmedos, pasando por los bosques secos tropicales; desde el nivel del mar donde las aguas cálidas del Caribe bañan los pies, hasta la altura de 900 metros. ¿Qué pasaría con las 300 especies catalogadas de aves cuando lleguen los rugientes bulldozers a imponer su bramido? ¿Qué pasaría con las cuatro comunidades indígenas que allí tienen asiento y que por milenios han trasegado esos cerros para conectarse con el mundo espiritual? No hay que elucubrar mucho para entender que estaríamos presenciando un nuevo drama de desplazamiento, como si esa fuera la condena eterna para los colombianos: Que nos desplacen a la fuerza.

Pero… ¡Momento! Allá no se “registran comunidades indígenas”. Eso dice una carta de Paola Bernal Valencia, coordinadora del Grupo de Consulta Previa (dependencia del Ministerio del Interior) dirigida a Claudia Dávila Zúñiga, representante legal de la Promotora Arrecifes, empresa que está detrás de hacerse a estos terrenos. Una carta como ésta, firmada el 21 de julio de este año, es considerada la cuota inicial del permiso que necesita cualquier empresa privada para entrar a construir.

Hoy, un adulto colombiano solo tiene que pagar $13.000 para ingresar al Parque y un extranjero, $35.000. Así mismo, estudiantes y profesores de instituciones educativas públicas o privadas de estratos socio económicos 1 y 2 está, exentos de hacer dicho pago. ¿Qué pasaría si estos terrenos que nos pertenecen a todos los colombianos, en el que las comunidades indígenas nos abrazan so pena de contaminarse de Occidente pasan a ser usufructo de un emporio comercial?

Las cartas están echadas, por lo menos las que han dejado ver. Aunque preocupa en demasía que el propio ministro de Ambiente no sea el defensor a ultranza de los áreas protegidas que están bajo su jurisdicción administrativa (Parques Nacionales Naturales) creo que los ciudadanos todavía tenemos la oportunidad de crear una fuerza de choque con argumentos para evitar la masacre ambiental, social, étnica, cultural, política, económica y todas las índoles que podría traer la construcción de un hotel de 7 estrellas en el Tayrona.

Es increíble, pero tenemos que recordarle a los ministros de Ambiente y al del Interior que desde 1964 son áreas inalienables, concebidas para proteger y conservar los ecosistemas y las ruinas arqueológicas de los asentamientos Tayrona, cultura que llegó un poquitico antes que la empresa hotelera Six Senses a los pretendidos territorios.

Aunque da muy mala espina que una oficina del gobierno niegue la presencia de los indígenas, que el Ministro de Comercio Industria y Turismo sea hermano de uno de los propietarios del grupo promotor, que los otros Dávila de la empresa estén entre los principales beneficiarios de Agro Ingreso Seguro, aún así creo que en el poder de la ciudadanía organizada para hacer la presión suficiente y no ponernos el INRI de la generación que dejó entregar su patrimonio cultural, a aquellos que quieren incrementar sus ingresos patrimoniales.

Columna publicada el 21 de Octubre de 2011 en Publimetro